Alac Venezuela procesó 120 casos de corrupción
"Las víctimas son los pobres que necesitan del Estado", afirmó la coordinadora de Transparencia, Mercedes de Freitas.
En 6 meses, Asistencia Legal Anticorrupción ha procesado 120 denuncias de supuestas irregularidades en el Estado.
Las mayores quejas se registran en obras inconclusas por recursos perdidos, extorsión de funcionarios e incumplimiento en la prestación de servicios públicos.
La lista de organismos denunciados la encabezan el Instituto Nacional de Transporte de Tránsito Terrestre, PoliBaruta, Cadafe, Pdvsa-Gas, Saren, Registro Nacional de Contratistas, Min Salud, IVSS y el programa Sustitución de Ranchos por Casas.
Al presentar el primer informe de la instancia creada en julio de 2011, Mercedes de Freitas, coordinadora de Alac Transparencia Venezuela, señaló que lo importante es fomentar la cultura de la denuncia para así lograr las sanciones y que los funcionarios eviten incurrir en irregularidades: "Las víctimas de la corrupción son los pobres por ser quienes más necesitan del Estado".
Callan por temor. La Alac atendió a 124 ciudadanos provenientes de Carabobo, Miranda, Distrito Capital y Aragua.
De ese total, 43 recibieron asesoría legal para levantar el expediente; 11 fueron remitidos a otras instancias; en 46 casos se recaba información; 4 están en estudio previo, y en los otros 20 se solicitó más información. Por los momentos están sustentados dos casos: uno, por un sobreprecio en la compra de aparatos de aire acondicionado por Cadafe en Anzoátegui; y dos, contra Conavi por retardo en la entrega de 327 casas, de las cuales sólo han arreglado 15 en 6 años.
Además, firmaron convenios institucionales con tres Gobernaciones Nueva Esparta, Carabobo y Miranda; con ocho Alcaldías Metropolitana, Naguanagua, San Diego, Baruta, Chacao, San Cristóbal, Maneiro y Sucre y se aliaron con cinco ONG Provea, Espacio Público, IPYS, Arauco y Acción Solidaria.
"Las víctimas o testigos de corrupción no sólo se sienten atrapados o desvalidos por desconocer los procedimientos legales y carecer de acceso a la información sobre dónde denunciar, sino que optan por mantenerse en silencio por miedo a ser señalados por las autoridades a quienes acusan. Esto genera desesperanza con decir: `No se puede hacer nada’, `tengo miedo’, `perdería el tiempo’. El reto es afrontar este panorama y esas falsas creencias", dijo De Freitas.
La organización, financiada por la Unión Europea, ha enviado los casos a la Fiscalía General, sin obtener respuesta, indicó la coordinadora nacional. "Los organismos tienen que actuar porque están en riesgo los fondos públicos y se afecta a los ciudadanos", expresó. La denuncia de PoliBaruta se trató de una extorsión de un agente, quien no puso la multa, a cambio de dinero, a una persona que se pasó la luz del semáforo.
"El alcalde del municipio Baruta Gerardo Blyde actuó de manera activa y se sancionó al funcionario; el fin es corregir y sentar precedentes para evitar más corrupción", señaló De Freitas.
El expediente contra Cadafe reposa en la Fiscalía General, luego que el denunciante entregara los recaudos en la oficina en Anzoátegui.
Vía El Nacional
